El Departamento de Defensa de EE. UU. autoriza el préstamo de un arma de energía dirigida al DHS para operaciones en la frontera
Tecnología militar y políticas de dispersión. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó el préstamo temporal del Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta tecnología de energía dirigida permite disuadir cruces migratorios no autorizados y dispersar multitudes en la franja fronteriza, según consta en un memorando interno obtenido por la cadena CNN.
Mecanismo de funcionamiento y alcance del sistema
El dispositivo militar utiliza tecnología electromagnética no letal para el control y dispersión de personas a distancia:
Emisión de haz invisible: El equipo proyecta una onda electromagnética invisible con un alcance efectivo de casi un kilómetro.
Efecto disuasivo: Funciona mediante el calentamiento rápido y superficial de la capa externa de la piel de las personas alcanzadas por el haz, provocando un estímulo de rechazo inmediato sin causar quemaduras permanentes bajo uso normado.
Acuerdo interinstitucional y temporalidad del despliegue
El documento interno fija las pautas operativas y los límites de responsabilidad entre ambas dependencias del gobierno estadounidense:
Responsabilidad operativa: El Pentágono no operará la unidad; la responsabilidad exclusiva sobre su despliegue, así como el diseño de las tácticas, técnicas y procedimientos de uso, recae íntegramente en el DHS.
Plazo de préstamo: La cesión temporal comprende un periodo inicial de siete meses a partir de septiembre.
Opción de prórroga: Un funcionario de Defensa confirmó que el DHS podrá solicitar una extensión del plazo si determina que la tecnología es requerida por más tiempo para labores de contención fronteriza.
Debate sobre efectividad, riesgos y legalidad
La aprobación de esta herramienta ha generado discusión en el ámbito legal y de derechos humanos debido a los antecedentes de la tecnología:
Cuestionamientos técnicos y legales: Diversos analistas y defensores de derechos humanos han expresado reservas sobre los riesgos potenciales para la salud de la población civil, su efectividad real en campo y la legalidad de emplear armamento militar disuasivo contra flujos migratorios.
