¡Endurecen castigos contra la piratería! Estas son las nuevas penas de hasta 10 años de cárcel
El Gobierno de México endureció las sanciones contra la piratería, la comercialización de productos falsificados y la distribución no autorizada de obras protegidas. El decreto, publicado el 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor este sábado 14 de noviembre y modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Las nuevas disposiciones contemplan penas de prisión y multas para quienes participen en estas actividades, pero también alcanzan a las personas que las financien o proporcionen insumos con conocimiento de su destino.
Castigos por producir, distribuir y vender piratería
La reforma establece penas de cuatro a diez años de prisión para quienes produzcan, reproduzcan, importen, exporten, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o renten, a escala comercial, copias no autorizadas de obras, música, películas o libros.
La misma sanción se aplicará a quienes proporcionen materias primas, insumos o recursos para financiar estas actividades, siempre que conozcan su finalidad. Además, se contemplan multas de dos mil a 20 mil días.
En el caso de la venta de copias piratas directamente al consumidor, las sanciones dependerán de la modalidad de comercialización:
De dos a seis años de prisión: por vender productos piratas a escala comercial en vías o lugares públicos.
De cuatro a diez años de cárcel: cuando la actividad se realice en establecimientos, locales fijos, puestos temporales o semifijos, por medios electrónicos o de manera organizada, sistemática o reiterada.
Para los productos con marcas falsificadas se establece un esquema similar: de dos a seis años de prisión por su venta comercial en espacios públicos y de cuatro a diez años cuando se utilicen las modalidades antes mencionadas. En este último supuesto, las multas pueden llegar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
No será necesario obtener ganancias para configurar la escala comercial
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la definición de lo que se considera una actividad a escala comercial.
Esta no se limita a las operaciones que generan ganancias económicas, sino que también incluye aquellas que proporcionan una ventaja competitiva o valor agregado a un negocio, incluso mediante la obtención o utilización de datos personales.
También contempla conductas que provoquen un perjuicio significativo a la posición de los titulares de derechos en el mercado, aunque no exista un beneficio económico directo.
Para determinar si se alcanza la escala comercial, el decreto establece un umbral de 170 UMA, calculado con base en el precio de venta del producto o servicio legítimo. Es decir, se tomará como referencia el valor del artículo original y no necesariamente el costo de la copia pirata.
Además, podrán acumularse los envíos realizados durante un periodo de hasta 90 días cuando exista una relación entre remitentes, destinatarios, domicilios de entrega o redes de distribución. De esta manera, dividir la mercancía en paquetes pequeños no impedirá que se alcance el umbral establecido.
Filtrar películas y obras antes de su estreno también será castigado
La reforma contempla penas de cuatro a diez años de prisión para quienes divulguen, publiquen, comuniquen o distribuyan obras protegidas sin autorización antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en México.
El mismo rango de castigo se aplicará a quienes graben, transmitan o copien total o parcialmente una película exhibida en una sala de cine sin contar con la autorización del titular de los derechos.
Estas conductas no incluyen expresamente el requisito de escala comercial, por lo que el umbral de 170 UMA no debe considerarse una condición para todos los delitos contemplados en la reforma.
Por otra parte, se establecen penas de tres a siete años de prisión por determinadas acciones relacionadas con la evasión de protecciones tecnológicas, la comercialización de dispositivos diseñados para eludirlas y la prestación de servicios destinados principalmente a ese propósito, cuando se realicen a escala comercial.
Delitos que podrán investigarse de oficio y reparación del daño
La mayoría de los delitos relacionados con derechos de autor contemplados en la reforma serán perseguidos de oficio. Esto significa que el Ministerio Público podrá iniciar una investigación sin depender de una querella presentada por el titular de los derechos.
Sin embargo, se mantienen algunas excepciones, entre ellas ciertos casos de reproducción editorial por encima de lo autorizado y la publicación de una obra sustituyendo el nombre de su autor.
En cuanto a la reparación del daño, esta no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo relacionado con las conductas involucradas.
Como alternativa, la víctima podrá solicitar una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil UMA. Para establecer el monto se deberán considerar las circunstancias del caso, el alcance de la difusión, el perjuicio ocasionado o el beneficio económico que se pretendía obtener.
¿La reforma también castiga los memes?
Aunque los cambios legales han sido denominados en redes sociales como la llamada “ley antimemes”, esta descripción no corresponde directamente con lo establecido en el decreto.
La reforma no menciona específicamente los memes, la sátira o las burlas hacia políticos, ni crea un delito por compartir imágenes humorísticas.
El uso de fotografías, ilustraciones o fragmentos de obras protegidas sí puede generar controversias relacionadas con derechos de autor, especialmente cuando existe una explotación comercial. Sin embargo, para imponer una sanción penal será necesario acreditar los elementos del delito correspondiente. Por lo tanto, el hecho de que una publicación sea un meme no la convierte automáticamente en una conducta delictiva.
También habrá sanciones por suplantar a instituciones públicas
Entre los cambios también se incorpora una pena de uno a cinco años de prisión para quienes suplanten la identidad de instituciones públicas mediante el uso de logotipos, dominios o documentos oficiales, siempre que exista escala comercial, engaño e intención de cometer un ilícito.
Este supuesto podría aplicarse a situaciones como la creación de plataformas que aparentan ser sitios oficiales para ofrecer trámites fraudulentos.
